FUENTE: EL DEBER.
Desde el Congreso peruano pidieron informes a la Policía y otras instituciones para corroborar la denuncia de ingreso de municiones desde Bolivia. El diputado José Cueto observó la falta de pronunciamiento del jefe de Estado, Luis Arce
El Gobierno peruano investiga el supuesto ingreso de proyectiles desde Bolivia que supuestamente sirven para suministrar a los manifestantes en las regiones del sur de ese país en contra de la presidenta Dina Boluarte. En las acusaciones implican a un grupo de los ponchos rojos como posibles transportadores de material y culpan a Evo Morales de incitar a una “insurrección”.
Desde el Congreso peruano se solicitaron informes a la Policía y al Ministerio de Defensa para corroborar las nuevas denuncias. Mientras las autoridades del Gobierno boliviano ni el presidente Luis Arce se han pronunciado.
“Existen indicios y pruebas de que así ha sido (han entrado municiones desde Bolivia) y de que no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes, no solamente para azuzar a la población, sino hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país, pero ya no podrá entrar a Perú hasta que la situación cambie”, dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El Ministerio de Defensa del país vecino también informó que tienen dos argumentos válidos para hacer la denuncia. El primero está sustentado en un reporte del médico Enrique Sotomayor Guevara, sobre las heridas que presentaban los fallecidos en el departamento de Puno. El segundo elemento es la información expuesta por el diputado boliviano Erwin Bazán y su par chilena Chiara Barchiesi.
El 9 de enero, Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Medrano, de Juliaca, reportó que los muertos que llegaron a ese centro médico no presentaban los orificios de salida de las balas con que fueron asesinados y enfatizó que se tratarían de “balas explosivas” o de estilo “dum dum” por el daño causado en los cuerpos.
“Nuestras fuerzas del orden y nuestras Fuerzas Armadas no utilizan ese tipo de munición”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Jorge Chávez, sobre los proyectiles encontrados en los fallecidos.
El 11 de enero, el legislador Bazán acusó a los ponchos rojos de haber sido sorprendidos transportando ilegalmente proyectiles a Perú y refirió que esto muestra el doble discurso del MAS que habla de la defensa de la democracia, pero que estaría promoviendo “la violencia, el separatismo y la desestabilización política y social de Perú”.
“Son para armar a los partidarios de Pedro Castillo (expresidente de Perú), para disparar contra ciudadanos de Perú, para matar ciudadanos peruanos, para llenar de luto y dolor a las familias peruanas. Los ponchos rojos, los mismo que están cercando el penal de Chonchocoro con una zanja criminal, se los descubre mandando bala a Perú. Qué podemos esperar si Evo Morales y Pedro Castillo son operadores del Socialismo del Siglo XXI. Por tanto, los ponchos rojos que seguramente siguen órdenes de Evo y del MAS son paramilitares”, fustigó.
Al respecto, el ejecutivo de los ponchos rojos, Ruddy Condori, negó las acusaciones de que hubieran transportado municiones a Perú y pidió pruebas a Bazán y a un congresista peruano del que no mencionó su nombre.
“En los últimos días hemos visto a un congresista del hermano país de Perú declarar muy suelto de cuerpo y de manera fácil que los ponchos rojos estuvieran llevando municiones para generar violencia, caos y zozobra en ese país. Se ha sumado a esa forma de calumnia el diputado de Creemos Erwin Bazán quien, incluso, nos vinculó al MAS y que estuviéramos a la cabeza del señor Morales. Tiene que demostrar de manera material de cuándo, quiénes y de qué forma habrían llevado las municiones”, manifestó Condori.
El expresidente Evo Morales también se pronunció sobre estas acusaciones y considera que hay una alianza entre la derecha boliviana y peruana para disipar con estas denuncias el conflicto y las muertes presuntamente propiciadas por las represiones del gobierno de Dina Boluarte.
“Golpistas bolivianos apoyan a represores peruanos. La derecha peruana y boliviana se une para mentir en ambos lados de la frontera y ocultar el genocidio de hermanos campesinos. Obedientes a EEUU, defienden a las empresas transnacionales y actúan con el mismo odio al indígena”, escribió la exautoridad en su cuenta de Twitter.
Las denuncias no solo provienen de Perú sino también desde Chile. La diputada Chiara Barchiese acusó a Evo Morales y a la plurinacionalidad de ser los responsables de las protestas con muertes en Perú y de infiltrar “operadores ideológicos” en el norte de Chile.
“Se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es: ¿Por qué el gobierno (chileno) no ha dicho nada? ¿Acaso evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno?”, aseguró la diputada chilena en una sesión de Congreso.
Congreso pide informes
Estos hechos aún se encuentran en investigación. El Congreso peruano ya solicitó información a la Policía y a los servicios de inteligencia para tener certeza de que si las balas ingresaron desde Bolivia y si hay algún vínculo con los ponchos rojos.
El diputado peruano José Cueto, en comunicación con este medio, dijo que se activaron las medidas legislativas correspondientes y esperan que el Ejecutivo también envíe solicitudes desde los ministerios del área y pida informes a la Cancillería de Bolivia.
“Hemos pedido información desde nuestra comisión de Relaciones Exteriores a las instituciones del país como la Policía, a los servicios de inteligencia y otros ministerios para que den datos dentro de sus labores y poder corroborar las denuncias de envío de municiones”, informó el legislador.
Cueto manifestó que hay bastante información que están recibiendo de Bolivia y que merece una investigación. Mientras trabajan sobre los principales indicios, como el ingreso regular e irregular de miembros del MAS y de Morales para participar de actos y hablar del movimiento plurinacional de Runasur.
Agregó que de fondo existe la intención del cocalero boliviano de promover la Asamblea Constituyente peruana, aunque el aludido aseguró que solo se estaban compartiendo las experiencias vividas en 2006.
Entre tanto, las autoridades peruanas esperan que la Fiscalía avance en las pesquisas y convoquen a Morales a declarar de forma virtual.
El congresista José Cueto también observó que hasta la fecha el Gobierno boliviano no se haya pronunciado con una “postura firme mostrando su acuerdo o desacuerdo” sobre la presunta injerencia de Evo.
Solo el vicecanciller Jaime Mamani expresó que no comparte la prohibición de ingreso emitida por Perú contra nueve bolivianos.