EL DEBER.
En el reporte también se menciona la alta injerencia política del actual Gobierno en la justicia y ejemplifica con el caso de Jeanine Áñez
Más de seis meses después de ser solicitado, finalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos remitió su informe al Congreso de ese país en el que ratifica los vicios que tuvo el proceso electoral boliviano en 2019 y también exhorta a las autoridades nacionales implementar las recomendaciones del GIEI respecto de la violación de los derechos humanos entre 2019 y 2020. Una parte del reporte también incluye a la administración de Luis Arce y la alta injerencia política en las decisiones judiciales.
En marzo de este año, el Congreso de los Estados Unidos mediante una ley pidió al secretario de Estado indagar en el plazo de 120 días la legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia y el avance en las investigaciones por la violación de derechos humanos ocurridos en ese periodo.
En el detalle del reporte solicitado se recopila todos los antecedentes ya conocidos, como el conteo rápido del TREP; el apagón que duró 18 horas y que al cabo del mismo Evo Morales apareció como ganador; la renuncia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas; la decisión de Morales de pedir una auditoría a la OEA y el resultado de este trabajo publicado el 10 de noviembre, fecha de renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
El documento señala que «el corte en la conexión a internet ocurrió no solo inexplicablemente, sino también intencionalmente, sin un culpable identificable». También que el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dimitió a modo de protesta frente a la “decisión del TSE de suspender la publicación de resultados del TREP”, según consta en su carta de renuncia del 22 de octubre
de 2019″.
Detalla que «el informe señaló que se tomaron una “serie de acciones deliberadas para alterar los resultados”, a través de la manipulación de los votos, tanto en las actas como en el procesamiento de resultados. El equipo de auditoría de la OEA encontró que para lograr esto último “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad
de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.
Más adelante, resume que «el equipo auditor de la OEA encontró irregularidades en los cuatro componentes electorales que examinó: el sistema informático utilizado para el TREP y para los resultados finales; la cadena de custodia de los materiales electorales; la legalidad e integridad de las actas electorales; y una tendencia estadísticamente improbable en el 5% final de los resultados».
Asimismo, indica que “el proceso electoral de octubre de 2020, considerado libre y justo por los observadores independientes, incluida la OEA, representó una mejora significativa con respecto al proceso de 2019. Las instituciones sin fines de lucro continúan sus esfuerzos para apoyar las elecciones legítimas y transparentes en Bolivia a través de la observación, capacitación e investigación electoral”, concluye sobre el primer punto el informe del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras, y Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, 2022, publicado este jueves.
Luego, también recuerda que en diciembre de 2019 la OEA publicó su “informe final” de 100 páginas que ratificó su reporte preliminar; citan también los reportes de la UE apoyando estas conclusiones y hacen referencia al informe de la consultora Ethical Hacking sobre la manipulación de los servidores.
Derechos humanos
Respecto del segundo punto, el documento se basa en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia entre septiembre (Gobierno de Evo Morales) y diciembre (Gobierno de Jeanine Áñez) de 2019 en los que señala la violación de derechos humanos, “además de investigaciones de Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, señala el informe.
También relata abusos del MAS a opositores políticos, y en la administración Áñez, abusos contra simpatizantes del MAS. El documento también afirma que las conclusiones fueron aceptadas por todos los actores en Bolivia, tanto gobernantes como opositores.
Luego empieza con el “análisis” del Gobierno de Luis Arce e informa que el decreto de amnistía 4461 fue diseñado para beneficiar a los dirigentes del MAS que estaban siendo procesados por delitos eminentemente políticos.
Afirma que al menos 41 exfuncionarios del Gobierno de Áñez están siendo procesados por tres delitos, principalmente, terrorismo, sedición y genocidio. Afirma más adelante que pese a la urgencia de estos casos y las recomendaciones del GIEI los casos están estancados en la justicia.
Sobre este último punto afirma que la presencia del ministro de Gobierno (Carlos Edujardo Del Castillo) y del Comandante General de la Policía (Johnny Aguilera) marcaron la presión sobre la justicia para que la expresidenta sea encarcelada. En ese marco destaca las conclusiones del Relator Especial de la ONU, Diego García Sayán, sobre los problemas significativos en el sistema judicial del país, incluida la falta de acceso e independencia judicial, corrupción, protección deficiente para mujeres y grupos indígenas.
“El gobierno de los Estados Unidos sigue expresando su solidaridad con las víctimas de abusos a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y continúa instando a Bolivia a implementar las recomendaciones del informe del GIEI de manera justa y transparente”, finaliza el documento.