FUENTE: ABI.
La Fiscalía imputó al exalcalde y senador Rodrigo Paz y al exgobernador Adrián Oliva por la denuncia de irregularidades como un sobreprecio en el proyecto denominado “Ciudad Inteligente”. En una audiencia cautelar se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel.
La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que las exautoridades están acusadas por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos contra el Estado.
Paz, actual senador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa, fue alcalde de Tarija entre 2015-2021, mientras que Oliva fue gobernador entre 2015 y 2021.
“En este caso estamos pidiendo medidas tanto de carácter real y personal para ambas (exautoridades)”, explicó y recordó que los acusados se acogieron a su derecho al silencio en su declaración fiscal.
Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, y Oliva están vinculados al proyecto “Ciudad Inteligente” que comprendía la compra de más de 300 cámaras de seguridad. El sistema nunca entró en pleno funcionamiento, no se entregaron todas las cámaras comprometidas y las que están instaladas constantemente registran fallas técnicas.
La Justicia deberá fijar fecha para la audiencia cautelar. Las garantías de carácter real y personal implican que deben depositar sumas de dinero, aproximadamente, por el valor del daño ocasionado o guardar detención preventiva hasta que concluyan las diligencias de investigación judiciales.
Paz y Oliva, aliados políticos de la oposición y de la expresidenta de facto Jeanine Añez, no se pronunciaron sobre la imputación formal.
“Ciudad Inteligente”, a decir de los denunciantes, la Federación de Juntas Vecinales de Tarija, “no tenía nada de inteligente”, ya que se pagó a la empresa contratante 51 millones de bolivianos de los 80 acordados, y que el saldo fue reclamado para su pago total.
La Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal de Tarija emitió los primeros informes de la compra que anticiparon la calificación de “sobreprecio”, ya que las cámaras de seguridad y su servicio gratuito de internet no funcionaron.
Cursa una auditoría realizada después de 2016, constatando la irregularidad que tampoco fue contrastada por los dos imputados.
Oliva tiene una sentencia condenatoria de dos años de prisión, por desobedecer las decisiones de sentencia constitucional, ganada por una empresa privada contratada para la construcción de un centro médico en Tarija.
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