FUENTE: UNITEL.
Conozca el resumen de los hechos que marcaron el fin del 2022 y la llegada del nuevo año, donde las protestas y represiones policiales fueron una constante
A pocas semanas de que Santa Cruz y Bolivia pasaran 36 días de paro se desató una nueva crisis a consecuencia de la aprehensión y posterior encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho, situación que trajo consigo un nuevo cruce entre el Gobierno y la representación cruceña, un conflicto que se trasladó a las calles.
Estos hechos también cobraron notoriedad fuera de las fronteras de Bolivia, al punto de impulsar que la comunidad internacional se pronunciara y una serie de situaciones que marcaron el fin del 2022 y la llegada del nuevo año, mismas que se detallan en la siguiente cronología.
28 de diciembre – El “secuestro” de Camacho
En las primeras horas de la tarde, salta la denuncia del abogado Martín Camacho, quien funge como defensa del gobernador, sobre el “secuestro” de la autoridad, quien fue interceptado por la Policía cuando se dirigía a su domicilio y subido a un vehículo con rumbo desconocido, situación que generó la respuesta de la ciudadanía, que llegó hasta las terminales áreas de El Trompillo y Viru Viru ante un posible anuncio del trasladado del gobernador a La Paz.
“Informamos al pueblo boliviano de que la Policía dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, fue el escueto mensaje del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, una vez que la población empezó a movilizarse.
Horas después, la Fiscalía confirma la aprehensión de Camacho y su traslado a La Paz donde es investigado por el caso golpe I, situación que genera que las protestas se trasladen hasta el Comando Departamental de la Policía y a oficinas del Ministerio Público, ambas entidades ubicadas en los alrededores del Cristo Redentor.
La Policía reprimió a los manifestantes, pero no evita que el edificio del Ministerio Público fuera incendiado, al igual que la vivienda del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
La aprehensión de Camacho, que horas después arribó a La Paz para ser ingresado en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), conlleva a una reunión de emergencia en el Comité pro Santa Cruz, desde donde se convoca a una Asamblea de la Cruceñidad para el día siguiente.
29 de diciembre – Fiscalía imputa al gobernador
El Ministerio Público pide seis meses de detención preventiva para Camacho en el penal Chonchocoro de La Paz, según un memorial de 16 páginas de “ampliación de imputación formal” contra el gobernador, a quien acusan del supuesto delito de terrorismo.
La defensa de Camacho presenta incidentes legales para impedir la continuidad de la audiencia de medidas cautelares, con el argumento de que la aprehensión de su cliente fue violatoria, sin notificación previa y sin respeto a su derecho a la defensa, pero esto es desestimado por las autoridades.
También sale a la luz el padecimiento del gobernador y se advierte de su delicado estado de salud. A esto se suma de que “no existen las condiciones mínimas para aplicar la medicina” que necesita la autoridad “pues no se trata de un suero normal, sino de uno que requiere tipo especial dispositivos”, según su abogado, Martín Camacho.
En la presente jornada también surge un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde urge la liberación de detenidos por temas políticos y condena la “instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión y la privación de la libertad a por razones políticas en la región”.
Mientras que en la región oriental, la Asamblea de la cruceñidad convoca a un paro de 24 horas para el viernes y así exigir la libertad de la autoridad, entre otras medidas. La Gobernación remarca que Camacho sigue siendo el gobernador.
Al final de la tarde se instala la audiencia de medidas cautelares del gobernador.
El día concluye con nuevas manifestaciones en la zona del Cristo. Los efectivos se refuerzan con la llegada de dos contingentes que arribaron desde Cochabamba y Chuquisaca.
30 de diciembre – Cárcel para Camacho y violencia policial
En horas de la madrugada, la justicia determina la detención preventiva de Camacho en el penal de Chonchocoro por un lapso de cuatro meses, situación que enciende los ánimos en Santa Cruz, donde se lleva adelante un paro cívico con bloqueo de carreteras y vigilias en las calles. Diferentes sectores -entre políticos, económicos y sociales- se declaran en emergencia.
En un breve mensaje Camacho afirmó que su lucha fue “por la democracia de Bolivia” y pidió a los bolivianos que no dejen que “el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y en Cuba”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresa preocupación y llama a la calma a todos los actores políticos y sociales de Bolivia, exhortándolos a ejercer “la máxima moderación”, a la vez que reiteró la importancia del “debido proceso” y la transparencia en procedimientos judiciales. 25 exjefes de Estado y de Gobierno de 12 países emiten un comunicado en el que condenaron “detenciones preventivas y judicializaciones de opositores políticos”.
El presidente cívico anuncia que se vienen medidas escalonadas para exigir la liberación de Camacho, mientras que el paro concluye con fuertes represiones policiales y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, tema que fue puesto en evidencia en redes sociales y por los propios medios de comunicación, donde periodistas también resultaron agredidos por los uniformados. Se ejecutan arrestos masivos en la zona del Comando.
31 de diciembre – Silencio de las autoridades
Las autoridades nacionales no se refieren a la situación que se atraviesa en Santa Cruz, solo el ministro de Gobierno sale a justificar el accionar de las fuerzas del orden alegando que se apegan la Constitución Política del Estado. Bolivia cierra el año en medio de manifestaciones y convocatorias de volver al Cristo Redentor para reactivar las protestas.
Familiares y abogados de Camacho afirman que el gobernador se descompensó y que su vida está en riesgo en la cárcel de Chonchocoro, pero Régimen Penitenciario sostiene que la autoridad recibe la atención necesaria.
La familia de la autoridad cruceña, autoridades y ciudadanos marchan pidiendo la libertad, pero son gasificados al arribar al Cristo Redentor, pese a que fue una movilización pacífica, a mediodía y en presencia de menores de edad.
Sale a la luz un reporte que exhibe que 55 personas quedaron aprehendidas tras la jornada de violencia y ahora deberán enfrentar un proceso judicial, según informaron fuentes policiales. El comandante de la Policía no sale a la palestra a hablar sobre el tema y la oposición pide su renuncia.
1 de enero – Año Nuevo, represión nueva
Santa Cruz recibe 2023 en medio de represión policial y el clima de convulsión social sigue latente, cuyo epicentro sigue siendo el Cristo Redentor. Gases, fuego y vehículos ardiendo exhiben el panorama en la zona. Durante cerca de 10 horas efectivos desplegaron un operativo policial contra manifestantes que exigen la liberación de Luis Fernando Camacho. Se ejecutan nuevas aprehensiones.
La represión policial deja destrucción en la zona del Cristo. Hay al menos tres autos calcinados alrededor de la rotonda y restos de otros materiales que fueron quemados. No obstante, también se registran desmanes en otras zonas, como el intento de incendio de la Gobernación de Santa Cruz.
El fiscal Osvaldo Tejerina informa que los sindicados portaban diferentes explosivos que fueron usados durante la movilización con el fin de dañar la integridad física de los policías. Son acusados de impedir el ejercicio de funciones, deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y portación de explosivos.
Trascendió que 22 personas fueron enviadas a la cárcel, pero el fiscal Departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirma que fueron 11 los que se sometieron a un procedimiento abreviado y por ello se procede con la reclusión en el penal de Palmasola por un lapso de tres años.
Desde el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz escribe una carta para el “noble y valiente pueblo cruceño” en la que responsabiliza al presidente Luis Arce por su enfermedad o muerte. Mientras que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario descarta el posible traslado del gobernador a un centro de salud asegurando que “no necesita tratamiento externo”.
Se mantienen los bloqueos de carreteras y también se gestan protestas en otras regiones del país.
2 de enero – Deniegan el traslado de Camacho
La jueza Elvira Velásquez declina competencias para tratar la acción de libertad que tiene el fin de trasladar al gobernador hasta un centro de salud y este procedimiento queda en suspenso. Los abogados de la defensa legal de Camacho anuncian que la vista judicial fue trasladada a La Paz y aún no hay fecha.
Mientras que Santa Cruz se impulsa una ‘Marcha de mujeres’ pide cesar represiones y activan vigilia en el Comando de la Policía de Santa Cruz, lugar hasta donde llega el presidente cívico Rómulo Calvo con parlamentarios de España y Chile con el objetivo de evitar nuevas represiones de uniformados contra la población.
En el careo, el presidente cívico increpa a la Policía por la represión, el subcomandante Edson Claure dice que solo restablecen el orden público y que no se reprimirá protestas pacíficas y se investigará denuncias de abusos policiales.
Marchas en La Paz y Cochabamba exigen liberar a Camacho y repudian la represión policial, mientras que en Santa Cruz se lleva adelante una reunión de oración en el centro de la ciudad y se convoca a nuevas movilizaciones pacíficas.
Por sexta noche se produce una gasificación y la represión policial en zonas aledañas al Cristo Redentor.
3 de enero – Camacho recibe atención médica
Gobierno y Fiscalía apelan y piden ampliar detención de Camacho a seis meses, quien cumple su quinto día de detención preventiva en Chonchocoro, lugar al que por fin pudo ingresar el equipo especializado para su tratamiento, los medicamentos y un profesional apto para llevar adelante la intervención.
Tras seis jornadas de represión policial, reaparece el comandante de la Policía en Santa Cruz, Jhonny Chávez, y responsabiliza por la represión del lunes por la noche a un grupo de personas que, según señaló, estaba preparando barricadas en El Cristo Redentor para atacar a los uniformados.
La Gobernación reporta 219 afectados tras las represiones policiales en los dos primeros días de 2023. En el detalle se informó de un total de 112 personas afectadas por intoxicación, 32 por quemaduras, 5 por fracturas y 12 por heridas profundas.