Fuente: El Deber.
Algunos opositores de Luis Arce consideran que el mandatario retrocedió y otros aseguran lo contrario
Después de que el presidente Luis Arce decidiera dejar en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el futuro del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, sus adversarios continuaron este viernes con el pedido de la abrogación de esa cuestionada normativa.
“Arce no retrocedió. Es una estrategia distractiva con un doble fin: (i) legitimar a los inconstitucionales (magistrados) autoprorrogados y (ii) que después de un tiempo nos sorprendan declarando la constitucionalidad (de dicha norma). La propiedad no se toca: ¡Abrogación del DS 5143 Ya!”, escribió Wilfredo Chávez, exprocurador y actual miembro del equipo jurídico del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por su parte, el exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz Vladimir Peña consideró que el presidente Arce nuevamente se escuda “en su aliado del TCP para no revertir su inconstitucional decreto que atenta contra la propiedad privada”.
“Arce debe dejar sin efecto el decreto directamente abrogándolo. Trasladar esta responsabilidad al Constitucional es una trampa”, afirmó Peña.
Mientras, el empresario y político Samuel Doria Medina aseguró que Arce sí retrocedió y que por eso dejó sin aplicarse la cuestionada normativa sobre derechos reales, “que preocupó a la ciudadanía porque involucraba al Gobierno con la administración de la propiedad”.
“El Gobierno no cuenta con la confianza de la gente. Es tan débil que no puede hacer la más mínima reforma. (Pero) es el último gobierno de un ciclo que acaba y que pasará a la historia cuando lo sustituyan los ciudadanos e inauguren otro modelo económico”, sostuvo Doria Medina.
Entretanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea afirmó que “Luis Arce deja sin efecto, por ahora, el decreto de Derechos Reales”.
“Deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión final. A tener calma. Aún no se ha ganado la batalla, pero es un paso importante. Las marchas no deben desactivarse. ¡La causa es totalmente legítima!”, agregó Ormachea.
El pasado 10 de abril, el gobierno de Arce emitió el Decreto Supremo 5143 que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales, del 15 de noviembre de 1887.
Semanas después empezaron a surgir los primeros cuestionamientos por la susceptibilidad de que se afecte al patrimonio de los ciudadanos, principalmente, por la intromisión de Agetic, que es una instancia de información electrónica del Ministerio de la Presidencia.
Los gremiales fueron uno de los primeros sectores en salir a protestar a las calles en contra del citado decreto y para este viernes fueron convocadas nuevas movilizaciones en distintas ciudades del país.