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El Movimiento Al Socialismo (MAS), mediante la senadora Virginia Velasco, presentó ante la Cámara Alta el proyecto de ley de “Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental”. La propuesta plantea la creación del “auditor gubernamental”, que fiscalizará tanto a entidades públicas como a empresas privadas, asociaciones y cooperativas.
Expertos consideran que el proyecto da mayores atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) de las que ya establece la Constitución Política del Estado. Además, los consultados consideran que al no ser clara la redacción de la propuesta, puede ser usada para que el Gobierno tenga un mayor control y acceso a la información de entidades que considere contrarias a sus intereses e incluso de medios de comunicación.
“Dentro del ejercicio de la Supervisión, la Contraloría General del Estado, por intermedio del auditor gubernamental, tendrá acceso a toda la documentación e información del sector público, a través de las entidades públicas y empresas públicas, cualquiera sea su naturaleza, así como también el acceso al sector privado comercial, incluyendo también cooperativas, asociaciones u otras de cualquier tipología sin excepción, que se encuentren ejecutando actividades, operaciones y/o resultados ya ejecutados”, se lee en el artículo 4.
La propuesta señala que las personas que no atiendan de manera favorable los requerimientos del “auditor gubernamental”, serán procesadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.
El proyecto incluye una cláusula que dispone la posibilidad de realizar allanamientos e incautaciones para obtener información.
“Una vez autorizada la orden de allanamiento, previo requerimiento formal, ésta podrá ejecutarse a la entidad pública o institución privada en su domicilio legal, a objeto de verificar la existencia de la documentación e información que fue solicitada por el auditor gubernamental y se procederá a su incautación única y exclusivamente cuando ésta sea útil para la investigación”, especifica el artículo 6.
El proyecto dispone que la información incautada será devuelta cuando sea registrada por la CGE.
Sandra Verduguez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia, sostuvo que si el proyecto se sanciona sería “muy peligroso”, porque un “auditor gubernamental” tendría “mucho poder”. Agregó que incluso hay el riesgo de que se vulneren derechos humanos, porque este funcionario podrá realizar allanamientos e incautaciones para obtener información.
“Hay demasiado interés, por parte del Gobierno, para tener el control de información (…). Lo veo muy peligroso; se puede presentar un problema con la prensa, también, porque habla de empresas privadas, sin especificar cuáles; entonces, también puede ser cualquier tipo de asociación. El concepto de útil en la ley, puede dar a muchas interpretaciones, porque la utilidad de información la definirá el auditor gubernamental”, explicó la representante.
El politólogo José Orlando Peralta señaló que la propuesta fija una fiscalización a empresas, asociaciones y cooperativas, y que puede ser usada para controlar y hasta perseguir a entidades que el Gobierno considere peligrosas como el Comité Pro Santa Cruz u otro ente que considere que financian actividades políticas que vayan en contra del oficialismo.
Recordó que el Gobierno, en su afán de tener mayor control del Estado, con la Ley 1386, que fue abrogada, daba a la Unidad de Investigaciones Financieras atribuciones extras y creaba la figura de un informante.
“El Gobierno puede anular a empresas o asociaciones. En Santa Cruz habrá un cabildo y con una ley, como ésta, en caso de aprobarse, puede amedrentar a empresas privadas para que no respalden las medidas que se asuman. Asociaciones, como Adepcoca, pueden ser fiscalizadas para minimizarlas o controlarlas. Los medios de comunicación también son empresas privadas, con esta norma podrían disuadirlos u neutralizarlos, porque habrá una herramienta de mayor control para una autocensura”, enfatizó.
El cientista político Carlos Cordero declaró que el mayor peligro de la ley, en caso de aprobarse, es que se aplique para algunos sectores y para otros sea sólo “un adorno”.
“El mayor peligro es que el proceso de fiscalización esté politizado, que se fiscalice a los enemigos del partido y a los amigos del partido de gobierno. El problema es que sea como se dice popularmente: una ley embudo, ancha para unos y estrecha para otros”, subrayó.