FUENTE: EL DEBER.
El vehículo nunca llegó, pero figura en las actas de recepción. La compra formó parte del paquete de adquisiciones a la empresa Sfefals Logistics, vinculada con el “mercado gris”. El exministro Romero cree que el caso es la “punta de Iceberg”
El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, está bajo arresto domiciliario. La Fiscalía lo investiga porque firmó un contrato con una empresa sin experiencia y vinculada con el “mercado gris” por la compra de 41 ambulancias “reacondicionadas” que no llegaron.
Pero no es el único trato que Mamani firmó con Stefals Logistics, el emprendimiento unipersonal que se creó días antes de esta contratación. Hay otros tres contratos y uno de ellos incluyó a una vagoneta de la marca Toyota tipo RAV4-Urban MT-2022. El motorizado nunca se entregó, pero hay documentos “contradictorios” que hablan de su “recepción” en el formulario 500, el documento con el que se legaliza la adquisición de bienes y servicios el Sistema de Contrataciones del Estado (Cicoes).
Por eso, este automotor fue llamado “fantasma” en los pasillos judiciales donde se ventiló el caso. Ocurrió hasta el 1 de diciembre, cuando el Ministerio Público cerró las pesquisas porque “no halló evidencias de delito”.
El asambleísta potosino Jaime Flores, uno de los denunciantes en este caso, lamentó la decisión. Además, la Asamblea Legislativa Departamental emitió un informe final, casi 11 meses después de las primeras denuncias, que también hace las referencias a este nuevo caso “fantasma” que es parecido al escándalo de las ambulancias que iban a ser destinadas a cada uno de los municipios de Potosí para la atención de la pandemia de covid-19 en esa región.
Según el informe de la Asamblea Potosina, junto con la vagoneta “fantasma”, así llamada porque nunca llegó, se compraron cinco camionetas, tres de ellas para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y dos para otras unidades de la Policía por un monto de Bs 1,3 millones. Mamani anuló este contrato, pero cuando los motorizados ya estaban con placas y anotadas en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (Ruat). El trámite está con el número del carnet de Jhonny Mamani como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de Potosí.
“En la documentación de recepción no se pudo evidenciar la calificación de la vagoneta Tipo RAV-4 que se propuso. El acto sólo hace referencia a camionetas doble cabina, sin embargo, el formulario de recepción refleja la recepción de un vehículo tipo vagoneta con fecha de recepción del 30 se diciembre de 2021”, señala el informe aprobado por los legisladores potosinos. Sin embargo, el reporte exime de culpa a Mamani.
“Estos vehículos son reacondicionados, es decir usados. Para no pagar los impuestos, se ha hecho una importación industrial y así lo dice la Aduana. Me extraña que, en las recomendaciones, no se involucre al Gobernador porque él es quien firma los contratos con Stefal Logistics. Además, cómo se interpreta que estos vehículos han concluido su trámite administrativo de propiedad. Estos motorizados tienen placas y están con el Ruat con el nombre del Gobernación de Potosí”, remarco Flores.
Mamani, en sus descargos a la Asamblea Legislativa de Potosí, menciona “que no hubo daño económico” al Estado con este contrato. De hecho, exhibió la documentación sobre la anulación de los tratos con Stefals Logisctics. También menciona el cobtro de las boletas de garantía “por incumplimiento”. A pesar de esa evidencia documental, procesada durante casi un año, los legisladores potosinos de la oposición al tienen dudas porque las camionetas ya están en Potosí.
“Me pregunto si habrá en Bolivia un empresario que deje de cobrar por su mercancía y que ésta esté botada cuando son más de 1,3 millones de Bolivianos”, subrayó Flores durante la presentación del informe en el Legislativo potosino. El representante expresó sus dudas sobre el origen de los recursos de esa operación o si, efectivamente, la Gobernación pagó por estas camionetas.
En todo caso, la Asamblea Legislativa recomendó solicitar la nulidad de las placas de los motorizados y “evitar que se generen deudas tributarias”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que las investigaciones de este caso radican en el Viceministerio de Transparencia y no en su despacho. “Este no es un tema que tenga que ver con la seguridad del Estado o con la investigación de muertes como lo que pasó durante el golpe de Estado”, apuntó en una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER-Radio.
Los motorizados, a excepción de la vagoneta “fantasma”, permanecen en el Centro de Mantenimiento Policial (Cemapol). Son Toya Hilux SR5 que emplean combustible Euro-5 que no es aptó por el país, precisamente, porque se compraron de un “mercado gris”.
Estos mercados tienen que ver con flujos de mercancías que se realizan al margen de los canales oficiales de los fabricantes y con distribuidores no autorizados. Por eso, los vehículos importados desde estos proveedores no son aptos para el país. En el caso de Stelfals Logistics, la empresa trabajó con empresarios paquistanís afincados en la Zona Franca de Iquique.
En el caso que involucra al Gobernador y Stefals Logistics la operación se hizo a través de la compañía President Line que está a cargo de ciudadanos de ese país.
Según un audio divulgado por el diario El Potosí, se habla de “una negociación” por las ambulancias con un ciudadano llamado Muhammad Kashil Ilyas, quien puede ser el empresario que movió los recursos para la operación.
EL DEBER publicó hace algunos meses un informe sobre los “mercados grises” y, en ese contexto, conversó Umar Siyab, otro empresario radicado en Iquique que se refirió a la importación de vehículos para el mercado nacional, pero también para el Paraguay.
Los importadores paquistanís de Iquique no pueden comprar los vehículos de manera directa a los fabricantes porque no tienen ningún acuerdo de representación. Por eso, apelan a concesionarias que cuentan con catálogos electrónicos. Una de las más grandes se llama Sahara y opera en Dubái. Se ha especializado en la marca Toyota, pero con especificaciones para países europeos.
Cuando las 41 ambulancias, adquiridas con irregularidades, llegaron en abril a Iquique el contrato ya estaba anulado. Eso sí, llegaron 43, dos más “de yapa”. Esta contradicción no fue explicada.
El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que existe “una mafia” cercana a Mamani y que este bullado caso es la “punta del Iceberg” de “lavado de dinero”.
La asambleísta Azucena Fuertes explicó que la comisión del legislativo que realizó el informe se tomó casi un año “para llegar a conclusiones sobre hechos que ya son públicos”. “Tardaron mucho y vemos que lo hicieron para encubrir o proteger al gobernador de Potosí que es del MAS. Uno ve lo que pasa en Santa Cruz y es fácil concluir la para qué lado se inclina la justicia”, indicó Fuertes.