Fuente: Página Siete.
La CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia, como ha sucedido en el pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación por los actos de violencia durante las protestas por el Censo de Población y Vivienda en Santa Cruz, Bolivia. Llamaron al Estado a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica según los estándares interamericanos; a fortalecer procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones.
Las protestas ciudadanas, que derivaron en un paro cívico, iniciaron el 21 de octubre pasado en rechazo de un decreto que aplazó la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024. Originalmente dicho censo estaba previsto para 2022.
En este contexto, los cívicos cruceños exigieron que el censo se haga en 2023, activaron un paro indefinido con bloqueos.
Según nota de prensa de la CIDH, se han registrado múltiples enfrentamientos entre sectores que apoyan el paro y quienes lo rechazan, dejando el saldo de personas heridas y una fallecida. El 2 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó sobre enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales en el municipio de La Guardia. De acuerdo a información disponible, en dicho lugar se reportaron detenciones de al menos 8 personas, ahora investigadas por delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves y asociación delictuosa. Por otro lado, la Defensoría manifestó su preocupación ante expresiones discriminatorias y amenazas de desalojo contra el pueblo ayoreo, en el municipio de Concepción. Además, se han registrado agresiones y discursos estigmatizantes contra periodistas.
La CIDH y su Relatoría rechazaron todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Se hace un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal. Asimismo, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, se recuerda que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos. Es deber del Estado garantizar que las personas periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y libertad de expresión.
Ambas instancias recordaron que el Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones. Asimismo, que los estándares interamericanos le exigen actuar sobre la base de la licitud de las protestas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica.
Señalaron que el hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve per se, violenta o ilegítima una protesta ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas.
Las instancias internacionales reiteraron que las manifestaciones o protestas no pueden prohibirse por el hecho de realizarse de manera simultánea o por un riesgo de escalada de tensión. En estos casos, el Estado debe adoptar medidas para proteger a todas las personas que participan en todas las manifestaciones. Debe asegurarse que, entre las distintas personas que se manifiestan, no haya interferencias que generen temor a la violencia y disuasión de la expresión de opiniones.
Por otro lado, en su trabajo de monitoreo sobre Bolivia, la CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia, como ha sucedido en el pasado. En anteriores escenarios de protesta en Bolivia, la CIDH ha advertido ante riesgos de discriminación por origen étnico-racial y por motivos de género.
Por ello, reiteró la importancia de la generación de un ambiente que canalice un proceso de diálogo amplio, constructivo y que garantice los derechos de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. Se reconoce el avance de una iniciativa de diálogo para tratar la oportunidad del censo; al respecto, el Estado informó que ha planteado que sea una comisión técnica quien defina la fecha de realización del censo. La Comisión continuará su labor de monitoreo de tales iniciativas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH, a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.