FUENTE: EL DEBER.
El exministro de Gobierno aseguró que en Bolivia los grupos criminales están en proceso de instalarse en el país, con apoyo de la institucionalidad, lo que ve como alarmante
En el último tiempo, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, ha aparecido en escena para cuestionar el incendio en la Fiscalía, y también para apuntar al ministro Eduardo Del Castillo, de estar involucrado con el narcotráfico.
¿Qué opina del incendio en la Fiscalía?
Lo de la Fiscalía se trataría de un operativo selectivo y estratégico de interesados en eliminar los documentos incriminatorios de casos de corrupción y narcotráfico.
Hay señales, como la disposición de la infraestructura, la ausencia de la Policía, de la unidad de bomberos, que están a pocos metros del lugar del siniestro. La quema de vehículos ha sido progresiva y acumulativa durante largas horas. Tenemos referencias de que algunos vehículos incendiados pudieron conducir a esclarecer hechos criminales.
Grandes casos se mueven en Santa Cruz, y esos casos, objeto de investigación, estaban archivados físicamente en la oficina Anticorrupción de la FELCC. Llama la atención que el comandante diga, muy suelto de cuerpo, que esos expedientes han sido precisamente los que se quemaron en el ataque a la Fiscalía.
Un escenario político de polarización sirve para camuflar la protección cada vez más grosera al narcotráfico y la corrupción pública. Llama la atención que justo cuando se produce esta movilización política, a raíz de la detención del gobernador de Santa Cruz, se desarrolle una audiencia donde se eliminan los riesgos procesales del Misael Nallar, a quien hasta ahora no imputan por narcotráfico.
Además, justo cuando tenemos que entrar a la fase de debates en el ámbito del Ministerio Público, a propósito de la legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico en el caso Nallar, se quema el expediente de Nallar.
Esto equivale al ataque que en 1991 hicieron los del M-19 y quemaron los expedientes de los narcotraficantes en el Palacio de Justicia de Bogotá, en Colombia. Es una ratificación de la protección que existe al narcotráfico y la corrupción en Bolivia.
¿Coincide con el informe sobre narcotráfico de Ministerio de Gobierno?
Evidentemente, y además, el hecho de que no estemos hablando solo de un dispositivo político, sino que se ha conformado en torno a este, también un dispositivo policial, jurisdiccional y, ahora, también grupos de ataque con objetivos selectivos para favorecer al narcotráfico.
Se sabe que no hubo pericia inmediata del incendio
Me parece gravísimo porque la Fiscalía tendría que investigar, debería tener un dispositivo de seguridad y medidas de emergencia que son obvias. Una vez producido el ataque a la Fiscalía, la Policía debió activar inmediatamente un plan Z, que consiste en encapsular el sitio del siniestro y controlar todos los accesos y salidas.
Esto recuerda al triple asesinato de Porongo, que se produce a 10 minutos del centro de la ciudad y resulta que no se activó el plan Z, o solo se lo activó de manera formal, pero no real, y se dio todo el tiempo a los autores para desaparecer.
Dijo que hay señales de que el ministro de Gobierno está involucrado en narcotráfico ¿Cuáles son esas señales?
Son demasiadas. Primero, que los narcos que estaban presos en 2019, salieron libres en 2020, y eso compromete a tres fiscalías de distrito: Santa Cruz, Beni y La Paz.
Qué casualidad, estos narcos encarcelados tenían abogados en el ejercicio libre de su profesión, que los defendieron y luego se convierten en fiscales.
Siguiendo con las casualidades, la fiscal de distrito en ese momento, Martha Mejía, liberó a varios cabecillas de clanes familiares del Beni. Hace unos meses su sobrino cayó con droga en Brasil, y ahora resulta que es la secretaria de Transparencia de la Gobernación del Beni. Pero además esta es la persona que debería esclarecer lo del Narcojet, junto al investigador estrella, el capitán Aparicio, es el Narcojet que involucra a ‘Caracha’ Rivero, y a los familiares de Jeanine Añez.
Eduardo Del Castillo hereda toda esa estructura de protección al narcotráfico que había instalado Yerko Núñez, con el apoyo de Arturo Murillo y otros, pero resulta que Del Castillo, lejos de desmantelar esta estructura, con brazo institucional a través de la Fiscalía, además destruye las plataformas tecnológicas que habíamos instalado en Charaña y Viru Viru. Tampoco implementa el decreto de nuevo registro catastral e instalación de dispositivos de rastreo satelital que habíamos definido para avionetas.
Da piedra libre a la clonación de matrículas de avionetas, devuelve avionetas incautadas, es decir, genera todas las condiciones para expandir de manera descontrolada el narcotráfico en el país.
El sicariato se convierte en una actividad normalizada, y quién es la persona que trabaja primero con Yerko Núñez, y después con Del Castillo, y habría que investigarlo, y preguntarse dónde está, y convocarlo para que diga si tuvo o no participación en la designación y desmantelamiento de la FELCN. Este señor se llama Miguel Rockholt, un supuesto empresario de la construcción, que era el brazo operador de Yerko Núñez, y que se convierte luego en operador de Del Castillo.
Esto me lleva a afirmar que, en las últimas gestiones de Gobierno, el narcotráfico se dirige desde algunos ministerios, particularmente desde el Ministerio de Gobierno.
¿Hay o no carteles de droga?
En Bolivia lo que tenemos son enclaves articulados a clanes familiares, que son la estructura del narcotráfico nacional. Esos clanes generacionalmente han desarrollado esta actividad, sobre todo desde el Beni, y luego se expandieron al Trópico de Cochabamba, Santa Cruz, Pando, e incluso al occidente, en áreas de frontera, sobre todo Potosí.
Los clanes bolivianos están conectados a los carteles extranjeros, que en el último tiempo han desplegado una intensa actividad, tanto los carteles brasileños, como colombianos y mexicanos, ya no solo a través de emisarios, que era lo que antes enviaban, para el traslado de pasta base de cocaína.
Luego empezaron a producir en algunas zonas de frontera, como Guayaramerín, Bolpebra y otros, pero resulta que ahora estos emisarios se convirtieron en enclaves, que están disfrutando de áreas territoriales estratégicas, en conexión con clanes bolivianos.
Hoy estamos ante el riesgo inminente de que consoliden un proceso de instalación en nuestro país, lo que denomino un establishment criminal paralelo.
Empiezan a controlar buena parte de la economía nacional, la cohesión de estructuras sociales, penetran instituciones, y enfrentan al Estado, allá donde es débil, normalmente en las fronteras. Y en los lugares donde hay más presencia institucional de Estado, lo penetran por la vía de la corrupción, para descomponerlo.
La conformación de un establishment criminal en sitios geoestratégicamente determinados es una amenaza inminente.
¿Son geoestratégicas las áreas protegidas?
Sí, porque las áreas protegidas, de eso solo tienen el nombre.
Lamentablemente tenemos mucho déficit de Estado. La actividad criminal se expande y encuentra las condiciones para eso, y para consolidarse en los lugares de baja presencia estatal y de población dispersa.
Buena parte de las áreas protegidas y reservas, como Guarayos, el Parque Noel Kempff, y Bajo Paraguá, son lugares muy vulnerables para la actividad del narcotráfico.
En el caso de Las Londras, los avasallamientos del último tiempo están dirigidos a dar cobertura al tráfico de tierras, minerales, madera y todas estas actividades articuladas en torno al narcotráfico. Estos grupos tienen logística, camionetas modernas, teléfonos satelitales, gente encapuchada, armas de fuego, y adiestramiento.
Son grupos irregulares de carácter paramilitar, se los confunde como avasalladores, pero son el ejército en formación de organizaciones de narcos, que pretenden controlar esos enclaves, muchas veces con la complicidad de comunidades indígenas, dirigentes corruptos y hasta empresarios.
¿Dónde se lava dinero?
El narcotráfico utiliza especialmente la construcción, importación de vehículos, de donde el narcotráfico aparece conectado a la corrupción pública porque las construcciones, la compra de vehículos, muchas veces se hacen a través de licitaciones, dirigidas a favorecer a quienes lavan dinero. Otro mecanismo es circular el dinero a través del sistema financiero, lo que podría comprometer a algunas entidades. Cuando estos procedimientos son insuficientes, acuden a un entramado gigantesco de movimientos de dinero que llega a paraísos fiscales.
¿Hay autoridades involucradas?
El sistema político ha sido penetrado por el narcotráfico. Estamos hablando del Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías municipales, especialmente de capitales de departamento y fronterizas.
En Beni tenemos gente con antecedentes de narcotráfico, vinculadas al MAS, a Demócratas, y a otras agrupaciones. Son los casos del clan Lima Lobo, y hasta están vinculadas familiarmente con Techo ‘e Paja en el caso de Santa Ana, también en San Joaquín, San Borja. Es muy difícil encontrar alcaldías, sobre todo en Beni, que no estén cercanas a actividades criminales y esto es peligroso porque la institucionalidad está siendo desplazada y penetrada por el narcotráfico.